En este texto se realiza un acercamiento al Estatuto de Roma, vigente desde el 1 de julio de 2002, para identificar las consideraciones jurídico-políticas que sustentan la imposición de las consecuencias jurídicas de los delitos que son competencia de la Corte Penal Internacional. Se examinan los fines doctrinales de la pena, específicamente los supuestos de la reclusión temporal y a perpetuidad previstas formalmente en el Estatuto.