En México no se encuentra regulada la Responsabilidad Patrimonial del Estado en el funcionamiento de la Administración y los medios de control previstos en la legislación para obtener una reparación del daño como consecuencia de la actividad de administrar justicia nos obligan a accionar en contra de los servidores públicos a través de la responsabilidad disciplinaria o a través de la responsabilidad civil o penal. Algunas entidades federativas están comenzando a regular de forma muy diversa los supuestos de la Administración de Justicia, lo que va creando una incertidumbre en la regulación de esta materia en el país.