Las políticas públicas en materia de seguridad pública orientas a la participación ciudadana son imprecisas, ya que dichas políticas se vinculan entre si, de tal forma que la implementación de un programa se remite a diversas directrices establecidas por las instancias competentes en materia de prevención social. Aunado a eso, los lineamientos de acceso a recursos federales para la ejecución de proyectos, no establecen en forma clara cuales serán los productos, los medios de verificación de la efectividad y los indicadores de evaluación, siendo éstas un tanto restrictivas ya que la participación ciudadana se dirige únicamente a organizaciones civiles; por ello la necesidad de realizar un análisis sobre los documentos oficiales que incluyen los mecanismos y formas de participación ciudadana.