En el nuevo régimen de justicia penal mexicano han surgido figuras inéditas como la investigación complementaria, la cual presenta cualidades distintas a la clásica averiguación efectuada por el agente del ministerio público en el anterior sistema; esas particularidades obligan a una vigilancia superior de los órganos judiciales de control, cuya responsabilidad es asegurar con la debida proporcionalidad el cumplimiento de los principios rectores del procedimiento, pero sin descuidar el respeto a los derechos humanos, entre los cuales se encuentra el de defensa plena, componente esencial del debido proceso, que no se sujeta a un ámbito de temporalidad estandarizado, sino que dependerá de múltiples factores que involucran: estrategia, recursos e inevitables sucesos no controlados por quien la despliega. Sin embargo, esos aspectos parecen haber sido acotados en plazos específicos incluidos en el enjuiciamiento penal nacional; renaciendo un debate que parecía zanjado entre la prontitud de la administración de justicia y el completo ejercicio de la libertad de defensa, el cual merece ser replanteado pero bajo la óptica de la actual perspectiva jurídica. Lograr la armonía entre esos aspectos representa uno de los nuevos retos de estudio que debe ser resuelto para evitar que se transforme en un obstáculo de progreso en la impartición de justicia.