El trabajo legislativo resulta de una importancia trascedente en el Estado democrático y constitucional de Derecho, por ser la acción que da como resultado la elaboración de los instrumentos normativos que establecen las pautas para el orden social, la armónica convivencia, los límites al ejercicio del poder público y las formas de acceso de la ciudadanía a la organización política. Desde los tiempos de la Antigua Grecia, pasando por Roma, el incipiente establecimiento del parlamentarismo en la Inglaterra de Juan sin Tierra, las Asambleas de la época de la Ilustración, hasta los actuales Estados democráticos, se sigue una línea hacia la consolidación de decisiones político-legislativas por un sentido de consenso amplio, es decir, del mayor número de partidarios. Pero no se trata solamente de que se den las condiciones de “impulso” de un pluralismo político, debe establecerse un régimen democrático de verdad para que la idea sea materia, que un postulado se haga valer a través de instrumentos establecidos en las leyes, y uno de ellos es, por consiguiente, la formación de la ley sometida al consenso entre mayoría y minorías parlamentarias, y a un proceso especial para cumplir este fin: el Procedimiento Legislativo. Ahora, si bien es cierto que la fórmula de toma de decisiones en un órgano legislativo se entiende y acepta como un resultado derivado de una mayoría, surge la inquietud de conocer la intervención de aquellos sectores políticos minoritarios y el papel que desempeñan en las tareas de la actividad parlamentaria del procedimiento de elaboración de leyes.