El derecho al desarrollo no es sólo un postulado para dirigir la economía de un Estado, sino que se instituye como un derecho humano previsto principalmente en la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y en los compromisos adquiridos por México en los Objetivos de Desarrollo Sustentable 2030, por ello se considera que las disposiciones en materia de desarrollo económico que se encuentran en la Constitución Política en el capítulo de los Derechos Humanos y sus Garantías, deben interpretarse a partir de una visión humanista, en la que el Estado se obligue a regular el derecho al desarrollo como un derecho indispensable para proteger la dignidad de las personas, los intereses de la vida, la satisfacción de las necesidades fundamentales y la tutela de una justicia que busca una sociedad menos desigual.