El reconocimiento de la omisión legislativa como una figura que puede llegar a afectar los derechos de los gobernados, permite considerarla como un supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado, y por ende una causa generadora del derecho a una indemnización en aquellos casos en que la misma cause un daño injustificado, por no existir el deber jurídico de tener que resentir el daño. En México la sentencia dictada en el amparo en revisión 1359/2015 promovido por Campaña Global por la Libertad de expresión A19, Asociación Civil, reconoce al juicio de amparo como un mecanismo de protección contra la omisión legislativa, por lo que se afirma que, a través de dicho juicio, es posible en cier- tos casos obtener una indemnización por el daño causado cuando no es posible la restitución al quejoso del derecho violado, lo que implicaría una indemnización por el acto omisivo de una autoridad, independientemente de que la omisión legislativa no sea contemplada como supuesto de responsabilidad patrimonial del Estado por el ordenamiento constitucional.