México ha establecido en su normatividad una serie de disposiciones relativas a la implementación del Derecho a la consulta previa. Ahora bien, este derecho en su aplicación y cumplimiento presenta una serie de indicadores de ejecución y estándares que establecen un piso mínimo para su implementación. En este estudio se presenta un análisis del caso de la consulta previa sobre el Tren Maya, determinando cual es el piso mínimo aplicable en este caso desde una mirada que deriva del realismo jurídico.